Es deber del Estado hacer cumplir las disposiciones de inmigración.

Habiendo hecho un seguimiento cronológico de las leyes de inmigración, he comprobado que asumiendo como punto de partida la fecha de la Independencia, es decir, a partir de 1844, la primera vez que se aprobó la ley de inmigración el 14 de abril de 1939, es decir, 95 años. luego de la proclamación de la Primera Constitución, precisamente durante la férrea dictadura de Trujillo, se le dio al país la norma para tales fines.

Sin embargo, desde el principio, en 1844, el Presidente de la República siempre ha tenido el poder de los extranjeros que califican para otorgarle la nacionalidad dominicana. Cabe señalar que la Ley No. 1343 del 7 de julio de 1937, que fue de control migratorio y aplicable a todos los extranjeros residentes en nuestro país. Cabe señalar también que esta última ley de control migratorio influyó en los hechos ocurridos en octubre de 1937 en la frontera norte con Haití.

Como resultado de los hechos anteriores en 1937, Haití acusó a la República Dominicana de la Unión Panamericana, la actual Organización de los Estados Unidos de América (OEA), y para resolver este conflicto se firmó el Acuerdo de Washington de 1938, cuyo artículo X, se firmó número El número Dice 2: “De conformidad con las normas del derecho internacional, los nacionales de todos los Estados que se encuentren en el territorio del otro Estado, en violación de sus leyes, o que hayan sido declarados indeseables por las autoridades competentes”.

El texto anterior se refiere únicamente a los nativos dominicanos y haitianos que se encuentran ilegalmente en el territorio del otro Estado. Sin embargo, a pesar de que este acuerdo bilateral entre los dos países aún se encuentra en vigor, esta disposición, que permite la repatriación inmediata de los inmigrantes ilegales, ha sido levantada. Es un acuerdo internacional, debidamente aprobado por las legislaturas de ambos países. Pero todavía es silencioso e inútil hasta el día de hoy. Es inusual que el preámbulo de la Ley núm. 258/04 incluido el acuerdo de 1938, así como la ley de control de inmigración de 1937, fue el DR-CAFTA de 2004.

Cabe señalar que el DR-CAFTA fue aprobado diez días antes de la Ley núm. 285/04, en el que aparecen como disposiciones transitorias los artículos 150, 151, 152 y 153 del citado acuerdo comercial. De hecho, el artículo 151 de la ley de inmigración, que llegó a través del DR-CAFTA para presionar al extranjero indocumentado para que lo legalice, se refiere al Plan Nacional de Control de Extranjeros Ilegales. Este texto fue analizado exhaustivamente en STC / 168/13, que trazó el límite legal a la cuestión de la nacionalidad.

Un aspecto que resalta la manipulación en el desarrollo de la normativa migratoria, sin embargo, fue planteado en la introducción a la Ley No. 258/04, varios memorandos de entendimiento de 1999 sobre eficacia cuestionable en el apoyo; Según la Convención de Viena sobre Tratados, estos documentos no son válidos para modificar o anular el acuerdo del Acuerdo de Washington de 1938. No explica la omisión del acuerdo más relevante, lo que nos permite volver. De hecho por los muchos ilegales que viven entre nosotros y, en cambio, destacan un documento sospechoso en la mencionada introducción a la ley de inmigración.

Comprometerse con la República Dominicana a llevar una pesada carga que no responde es claramente una maniobra. Otro aspecto de esta famosa trama se muestra claramente cuando se aprobó la Ley 169/14 de Naturalización Especial, cuyos requisitos no cumplen con lo establecido en la Ley No. 1683 sobre Naturalización 1948. Esta norma estaba ligada a la sentencia 168/13, pero excluyendo el artículo 272 de la propia Constitución sobre el referéndum, aberración aún no pronunciada por la Corte Constitucional. Esta ley tiene por objeto otorgar la nacionalidad a todas las personas que, sin prueba, afirmen haber nacido en la República Dominicana. A través de esta disposición legal, redactada en el exterior, se logró el objetivo de legalizar a miles de Haití indocumentados.

Por supuesto, la Ley no. 169/14 como instrumento para el respaldo de un gran número de ilegales. Pero volviendo al aspecto histórico, lo cierto es que la ley migratoria de 1939 se mantuvo vigente hasta la Ley núm. 285/04, cuyo reglamento de aplicación fue aprobado en 2011. Como se puede apreciar, siete años después entró en vigencia este reglamento que debió haber sido elaborado al mismo tiempo que la ley. Esta característica revela claramente que los gobernantes eran tímidos, vacilantes y permisivos con asuntos de capital importancia para la Nación.

No debemos olvidar que el artículo 3 de la Constitución fue enmendado en ese momento en enero de 1929 para permitir la aprobación de una nueva línea fronteriza. Es decir, la finalidad era sustituir los puntos acordados en 1777 cuando se firmó el Tratado de Aranjuez. Posteriormente fue responsabilidad de Trujillo aceptar las cinco dificultades planteadas por las autoridades haitianas, que derivaron en la pérdida de seis mil kilómetros cuadrados para República Dominicana. Por supuesto, Estados Unidos ha impulsado estas negociaciones, cuya responsabilidad es inevitable en el problema fronterizo que ha surgido desde entonces.

Por lo tanto, se deben establecer controles estrictos en la práctica, especialmente cuando se emiten certificados de nacimiento tardíos. En 2007 se publicó en el Diario List información en la que el director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, dijo que la Junta Central Electoral (JCE) había emitido más de un millón de partidas de nacimiento tardías fraudulentas a ciudadanos haitianos ilegales. Se desconoce si esta práctica continúa, situación que debe ser explicada por el organismo electoral. Se necesita coraje, determinación y determinación para contener los constantes ataques a nuestra nacionalidad.

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